Fuera de Estados Unidos, la idea de tratar la tierra de forma distinta a lo que hay construido en ella —un principio que está en el corazón de los fideicomisos comunitarios de tierras actuales— tiene una larga y noble tradición. Muchas tradiciones culturales y religiosas han considerado la tierra como un regalo generoso que un Dios bondadoso concedió a toda la humanidad. La tierra es un fideicomiso sagrado. Los individuos pueden usarla temporalmente, pero no pueden ser propietarios de ella de forma permanente.

En la antigua India, existía una prohibición védica contra la escritura de la tierra. En el antiguo Israel, la Torá revelaba que Yahvé ordenaba: «La tierra no se vende a perpetuidad, pues la tierra es mía; conmigo no sois más que extranjeros y arrendatarios»(Levítico 25: 23). En una línea similar, los filósofos de la Iglesia cristiana primitiva cuestionaron la costumbre romana de que los individuos poseyeran la tierra como propiedad en pleno dominio absoluto. Consideraban que la tierra era un medio de vida y sustento comunitario que debía estar a disposición de toda la comunidad.

Muchos pueblos indígenas han tenido una percepción similar de que la tierra, los ríos, las montañas y el cielo son dones sagrados que todos compartimos y que no pertenecen a nadie. De hecho, para ellos, la idea misma de ser dueño de la tierra les parecía ridícula. La elocuente carta del jefe Seattle de 1854, en respuesta a una solicitud del Gobierno federal para comprar tierras tribales en el noroeste del Pacífico, plasmó muy bien este sentimiento:

El Presidente de Washington nos comunica que desea comprar nuestra tierra. Pero, ¿cómo se puede comprar o vender el cielo? ¿La tierra? La idea nos resulta extraña. Si no poseemos la frescura del aire y el brillo del agua, ¿cómo puede comprarlos?

Hay una segunda vertiente ética que recorre muchas tradiciones culturales y religiosas y que no encuentra nada intrínsecamente malo en la propiedad de la tierra; de hecho, se afirma la validez de toda propiedad privada. Pero acumular más de lo necesario para el bienestar personal se considera inmoral. Los bienes del mundo deben utilizarse no sólo para la mejora de sus propietarios, sino también en beneficio de la comunidad en general, presente y futura. Esto es especialmente cierto en el caso de los recursos limitados, como la tierra y el agua, cuya propiedad concentrada en una minoría privilegiada puede privar a la mayoría de lo que necesita para vivir y prosperar. En palabras de San Agustín: «Quien posee un excedente, posee los bienes de los demás».

Generaciones más tarde, esta ética encontró un eco asiático en el concepto de «administración fiduciaria» de Mahatma Gandhi. A pesar de su ascetismo personal, Gandhi no daba por sentado que los demás fueran a renunciar a los bienes materiales, ni condenaba la propiedad privada de la tierra. Lo que condenaba, en un país sumido en una pobreza extrema que aún se estaba recuperando de cien años de dominio colonial británico, era la acumulación más allá de las necesidades personales. En sus propias palabras:

Lo que me pertenece es el derecho a ganarme la vida con dignidad, nada más que lo que disfrutan millones de personas. El resto de mi riqueza pertenece a la comunidad y debe usarse para el bienestar de la comunidad.

O, como dijo en su día la Iglesia católica romana en una serie de encíclicas publicadas entre 1891 y 1991, existe una «hipoteca social» sobre toda la propiedad privada.

El fideicomiso comunitario de tierras no es, ni mucho menos, la primera institución que considera que la tierra debe gestionarse en beneficio de toda la comunidad, tanto presente como futura. Tampoco es la primera en encontrar una justificación ética para limitar el beneficio que las personas pueden obtener de una propiedad, con el fin de garantizar el acceso a quienes lo necesitan. Estos principios éticos existen desde hace mucho tiempo.

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